“Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. De esta manera, garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas”. Con ese mensaje en Twitter, publicado a las 20.08, el presidente Alberto Fernández anunció que su gestión “recuperaba herramientas regulatorias que el gobierno anterior le quitó al Estado” para que todos los aumentos que decidan las empresas prestadoras cuenten, a partir de ahora, con una aprobación estatal previa.
En ese sentido, dispuso que las tarifas de esos servicios de conectividad permanecerán congeladas al menos hasta el 31 de diciembre. “Ante las restricciones que la pandemia nos impone, nadie deberá resignar parte de sus ingresos en afrontar aumentos en los precios de estos servicios”, justificó el mandatario.
En otro mensaje, expresó: “el derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. La educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación son derechos básicos que debemos preservar”.
Así, anunció también que, por orden del Ejecutivo nacional, a partir de ahora habrá “planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen”.
La medida, según fuentes oficiales citadas por la agencia estatal Télam, sería tomada a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que comenzaría a regir desde hoy.
El texto de la norma crea modificaciones a la ley 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), sancionada y promulgada en 2014. Esta ya establecía que los precios fijados por los licenciatarios “deberán ser justos y razonables, deberán cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”.
Ahora, el DNU determinará que los precios de estos “servicios públicos esenciales y estratégicos”, así como aquellos que determine la autoridad de aplicación por razones de interés público, serán regulados por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
Según trascendió, para el servicio de telefonía móvil la norma también establecerá “la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad”.
Hace un par de semanas, las empresas comenzaron a informar los aumentos que regirían para celulares e internet desde septiembre. Los precios ya estaban congelados desde mayo por un acuerdo entre el sector y el Gobierno nacional, y vencía justamente el 31 de agosto. Con el nuevo DNU, quedarán sin efecto los anuncios que ya realizaron las prestadoras de esos servicios.